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El Gobierno va a obligar a todos los comerciantes a tener una forma de pago alternativa al efectivo para compras a partir de 30 euros, en un nuevo anteproyecto sobre servicios de pago que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros y que traspone una directiva europea de 2015.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, destacó que se trata de “un nuevo paso para facilitar los derechos de los consumidores, los medios de pago y garantizar la seguridad”.

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El instrumento de pago disponible habrá de anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional.

Otra de las novedades que aportará esta normativa, que ahora debe ser analizada por el Consejo de Estado, es la reducción de 150 a 50 euros del máximo que debe afrontar el cliente por pagos no autorizados realizados con tarjetas extraviadas o robadas.

También reduce de dos meses a 15 días el plazo que tienen las entidades financieras para resolver litigios vinculados con tarjetas de crédito.

En general, su objetivo es afrontar los nuevos retos y cambios planteados en la operativa con tarjeta a través de Internet o móviles, así como reforzar la seguridad en los pagos electrónicos.

Por otro lado, va a dar cabida a dos nuevos servicios de pago. Por un lado, a los servicios de iniciación de pagos, que son intermediarios, generalmente entre comerciantes y consumidores, que garantizan el pago del consumidor al comerciante directamente, constituyendo una alternativa a los pagos con tarjetas.

A estos se suman, por otro lado, los servicios de información sobre cuentas (agregadores de cuentas), que son entidades que consolidan toda la información de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en diferentes entidades y la clasifican por categorías (categorías de gasto o de ingresos, por ejemplo).

No obstante, las entidades que se dedican exclusivamente a uno de estos dos servicios de pago tendrán unas exigencias menores que el resto.

Asimismo, la nueva normativa dará acceso a terceros a la infraestructura de los bancos, ya que regula, de hecho, el acceso de terceros a las cuentas de los clientes de los bancos, bien para agregar la información (agregadores de cuentas) o bien para el inicio del proceso de pago (iniciadores de pago), en nombre y previa autorización del cliente.

A su vez, con el objetivo de mejorar la seguridad, la normativa incluye como novedad la exigencia de una autenticación reforzada del cliente en el acceso ‘online’ a cuentas.

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